Resumen: No existe un derecho a obtener licencia de armas, pues su expedición tiene un carácter restrictivo y se limitará a supuestos de estricta necesidad si bien la denegación debe ser motivada ya que los actos discrecionales no son ajenos a la exigencia general de motivación. La valoración de la aptitud debe basarse en una apreciación global de todos los datos disponibles de la conducta del solicitante, que no resultan ajenos a la concurrencia, o no, de antecedentes penales, o a la cancelación, o no, de los mismos. La Sala tras valorar los en su conjunto la prueba practicada concluye que la pluralidad y heterogeneidad de ilícitos por los que el recurrente ha sido investigado ponen de manifiesto una quiebra de la necesaria confianza que a sendas administración y sociedad debe comunicar la conducta global del recurrente habiendo sido condenado por falta de respeto a los agentes de la autoridad y por perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos y otros y de las actuaciones se evidencia cuando menos una lesión de tal confianza que pone de manifiesto un riesgo incompatible con el mantenimiento de la licencia de armas controvertida, no pudiendo esgrimirse en su descargo ni la presunción de inocencia ni el principio in dubio pro reo,habida cuenta que no nos encontramos ante procedimiento penal ni sancionador alguno, sino ante un procedimiento de control de vigencia de los requisitos que en su día dieron lugar a la concesión de la licencia.
